Durante su habitual conferencia de prensa matutina, este miércoles la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, instó a Estados Unidos (EE.UU.) a decomisar armas en la frontera compartida, pidiendo reciprocidad en los esfuerzos para frenar el flujo ilegal de armamento hacia territorio mexicano. Sheinbaum enfatizó que la lucha contra el tráfico de armas debe ser un compromiso bilateral, «no puede ser sólo de uno».

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La mandataria expresó su preocupación por la reciente disminución en las incautaciones de armas por parte de Estados Unidos, un hecho que, según Sheinbaum, contrasta con los esfuerzos de México en la reducción del paso de drogas sintéticas, «no sólo el fentanilo». «Nosotros hacemos nuestro trabajo y ellos tienen que hacerlo«, afirmó.

La presidenta mexicana recordó una conversación con el presidente Donald Trump en la que cuestionó cómo armamento como lanzagranadas llega ilegalmente a México sin las revisiones adecuadas en la frontera estadounidense. Subrayó que una gran cantidad de las armas utilizadas por el crimen organizado en México provienen de Estados Unidos.

Sheinbaum descartó la imposición de aranceles como una solución efectiva al problema del tráfico de armas, pero destacó la importancia de la discusión pública sobre el tema.

Adicionalmente, la presidenta resaltó el caso del operativo «Rápido y Furioso«, implementado durante las Administraciones de Barack Obama y Felipe Calderón, donde se permitió la entrada de armas a México con el supuesto objetivo de rastrearlas.

En esta misma línea, denunció que esas armas terminaron en manos de grupos delictivos sin que se aplicaran sanciones a los responsables en Estados Unidos, a pesar de las vidas perdidas vinculadas a la operación.

Actualmente, un juicio contra vendedores de armas en Estados Unidos continúa en la Corte, luego de que una demanda previa contra los fabricantes fuera desestimada a inicios de junio. Al respecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México expresó su rechazo a la decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos, que otorgó protección a los fabricantes de armas bajo la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA).

Ante ese dictamen, México reiteró su lucha contra el tráfico ilícito de armamento y de exigir rendición de cuentas a aquellos que, con su negligencia o complicidad, contribuyen a la violencia generada por grupos delictivos que amenazan la tranquilidad y seguridad del pueblo mexicano; este compromiso se alinea con la exigencia de Sheinbaum ante la necesidad de un esfuerzo conjunto y equilibrado para abordar la seguridad fronteriza y el crimen organizado.

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